El Caso Crespo y la narrativa presidencial

 

El Caso Crespo y la narrativa presidencial: Una encrucijada de justicia, democracia y sesgos ideológicos

En el corazón de la reciente controversia política chilena se encuentra la absolución del ex teniente coronel de Carabineros Claudio Crespo en el caso que investigó las lesiones oculares que dejó ciego al joven Gustavo Gatica durante las protestas del estallido social de 2019. El 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió de forma unánime al exoficial, determinando que actuó amparado en un contexto de legítima defensa privilegiada bajo la ley que regula el uso de fuerza por parte de agentes del Estado, aun cuando reconoció que el disparo partió de su escopeta antidisturbios. ([El País][1])

A raíz de este veredicto, el Presidente Gabriel Boric, en sus últimos días de mandato, manifestó su desconcierto y señaló públicamente que “si se establece que una persona le quitó los ojos a otra, no puede haber impunidad”, agregando que sentía “un desgarro muy grande” por lo sucedido. ([El Mostrador][2]) Esta reacción ha abierto un profundo debate sobre la interpretación de “justicia”, el rol de los tribunales y la separación de poderes.

Desde el punto de vista del exoficial absuelto, Crespo respondió con dureza a las críticas del Presidente: “Yo creo que ahí el Presidente está tremendamente equivocado, o sea, él no puede de ninguna manera cuestionar una decisión de un tribunal… acá no hay impunidad, acá habló de forma unánime la justicia, aunque no le guste el resultado”. ([Publimetro Chile][3])

Para amplificar el análisis, la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas expresó preocupación por las declaraciones del mandatario, advirtiendo que declaraciones públicas de este tipo “debilitan la confianza ciudadana en el sistema de justicia y afectan el principio de separación de poderes”, que es pilar del Estado de Derecho. ([El Mostrador][2])

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II. ¿Impugnación de la Justicia o sesgo ideológico?

El centro del conflicto no es solo la absolución de Crespo, sino la narrativa que ha acompañado el juicio y las reacciones posteriores. Por un lado, organizaciones como Amnistía Internacional Chile han señalado que el veredicto podría “confirmar la persistencia de impunidad estructural en casos de violaciones a los derechos humanos” asociadas al estallido social, enfatizando que solo un 1,9% de las denuncias en ese contexto terminaron en condena. ([Cooperativa.cl][4]) Para sectores progresistas, este resultado es percibido como una falla del sistema de justicia para sancionar abusos cometidos por agentes del Estado.

Por otro lado, Crespo y su defensa han hecho hincapié en que la Fiscalía actuó con un sesgo desde el inicio, buscando un culpable en función de la presión política mediática y sin considerar, según ellos, pruebas que podrían favorecer una interpretación distinta de los hechos. ([Cooperativa.cl][5])

Este choque de interpretaciones revela algo más profundo: no solo una disputa jurídica, sino un desacuerdo sobre qué constituye justicia y cómo debe aplicarse en contextos altamente politizados.

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III. Teoría política: ¿Democracia, separación de poderes e ideologías?

El episodio del Caso Crespo permite activar debates clásicos de teoría política. Desde Montesquieu hasta la teoría constitucional contemporánea, la separación de poderes constituye un principio fundamental para evitar la concentración de la autoridad en una sola rama del Estado y para proteger las libertades básicas en una democracia constitucional. ([JSTOR][6])

La idea central es que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial actúan como contrapesos, impidiendo que un sector político (o una ideología) subordine a las demás instituciones a sus fines particulares. Esta independencia es esencial para el Estado de Derecho, donde las decisiones judiciales no deben ser objeto de impugnación política directa desde el Ejecutivo. ([JSTOR][6])

Sin embargo, cuando un presidente electo hace declaraciones públicas que parecen cuestionar directamente un fallo judicial, se abre una tensión entre dos principios legítimos: por un lado, el derecho del mandatario a expresar preocupación por temas de derechos humanos; por otro, el principio de que las decisiones judiciales se deben sostener en la lógica y procedimiento del derecho, no en evaluaciones políticas o emocionales.

Existen enfoques críticos de la democracia contemporánea que advierten que los partidos políticos y movimientos sociales, como fuerzas de hecho, tienden a influir en las instituciones estatales de maneras que pueden tensar estos equilibrios. Según ciertos estudios de teoría democrática, la relación entre las fuerzas políticas y las instituciones estatales no siempre se reduce a una mera competencia racional entre contrapesos sino que implica presiones, narrativas y redefiniciones de legitimidad y jurisdicción. ([Repositorio UACh][7])

Desde una perspectiva más crítica, algunos autores han argumentado que tanto en contextos de derechas como de izquierdas, cuando los actores políticos ven las instituciones como medios para fines ideológicos más que como garantes neutrales del orden constitucional, la democracia se tensiona y corre el riesgo de erosionarse. En filosofía política existe incluso la teoría de la herradura, que sugiere que los extremos ideológicos, sean de derecha o izquierda, pueden comportarse de manera similar en su relación con la libertad y el respeto por las instituciones democráticas. ([Wikipedia][8])

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IV. ¿Qué revela este episodio sobre la izquierda y la democracia?

En amplios sectores de la izquierda política contemporánea existen críticas persistentes hacia las instituciones establecidas, especialmente cuando estas no producen resultados que coincidan con sus narrativas de justicia social. Estas tensiones no son exclusivas de un solo país o administración, sino que se manifiestan en debates sobre salario, racismo, desigualdad, derechos civiles y, como en este caso, responsabilidad estatal por violencia policial.

No significa que toda izquierda rechace la democracia o la separación de poderes —miles de militantes y pensadores de izquierda defienden sistemáticamente dichos principios—, pero sí es evidente que en ciertos momentos de alta polarización, una parte significativa de la base votante y de sus representantes puede interpretar que la justicia solo es legítima cuando produce resultados que refuerzan sus causas políticas. Este fenómeno no es exclusivo de una ideología, pero se ha manifestado visiblemente en debates alrededor de derechos humanos y fiscalización de la autoridad policial. ([Emol][9])

El relato que sugiere que “no puede haber justicia si no hay condena” revela una visión de la justicia como instrumento de confirmación moral, más que como aplicación neutral de normas y hechos. Esta interpretación puede degenerar en una lógica donde los fallos judiciales contrarios a las expectativas políticas son etiquetados como impunidad, sin considerar la función de los tribunales ni su independencia institucional.

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V. ¿Hacia dónde se dirige la democracia chilena?

El caso Crespo muestra que la batalla cultural —la disputa por la interpretación de hechos, justicia e instituciones— es una realidad determinante en las democracias contemporáneas. Las redes sociales y la amplificación mediática han acelerado la polarización, permitiendo que narrativas opuestas compitan por la legitimidad con una intensidad nunca vista antes. ([Emol][9])

El desafío para Chile (y para otras democracias) es definir si será capaz de sostener un orden constitucional donde las instituciones funcionen según sus propios procedimientos, libres de presiones políticas directas, incluso cuando los resultados sean profundamente impopulares para un sector político.


Si las fuerzas políticas, independientemente de su orientación ideológica, aceptan que **la justicia y la democracia no son instrumentos para validar resultados deseados, sino marcos normativos que deben respetarse incluso cuando el veredicto desagrada**, entonces la resiliencia democrática tendrá una oportunidad.

La pregunta que queda es si la izquierda política y su base social pueden aceptar fallos judiciales desfavorables como parte legítima de la democracia, o si insistirán en interpretaciones que instrumentalizan a la justicia en clave ideológica. Las tensiones actuales nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza de la democracia que queremos y sobre el rol de cada actor político en su defensa.

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